sábado, 25 de agosto de 2007

Crespo acusa a Duarte de crear alarma social con el urbanismo. Estepona. (Málaga Hoy)

Al Partido Estepona no le ha gustado que a partir de ahora se gestione el Urbanismo con "mano dura" tal y como ha anunciado esta semana que lo haría el concejal del área, Rafael Duarte (PSOE), hombre que llega al nuevo equipo de gobierno de Antonio Barrientos directamente de la comisión gestora de Marbella.
El que fuera socio de gobierno del PSOE durante el pasado mandato, José Ignacio Crespo, considera que reactivar los 1.578 expedientes que acumula el departamento de Disciplina Urbanística desde 2003 "genera inseguridad jurídica". Según explicó ayer, "no se puede pasar de una permisividad absoluta a una notificación masiva de multas millonarias por el valor del 100 por 100 de lo construido".
Por su parte, Duarte ha dejado claro esta semana que esas sanciones "deben ponerse al cobro, porque si no seríamos los responsables públicos los que pagaríamos las consecuencias de las infracciones cometidas por otros".
Crespo exigió al alcalde, Antonio Barrientos (PSOE), que convoque un Pleno y aclare "cuáles son los criterios que se van a seguir en Disciplina Urbanística y si va a haber o no algún derribo, ya que en campaña aseguró que no se iba a demoler nada, aunque tampoco se dijo nada de que se iban a subir los impuestos y eso es lo primero que ha hecho este equipo de gobierno". Para Crespo, "la situación es lo suficientemente importante como para que el alcalde interrumpa sus vacaciones".
No acaban aquí las quejas de la oposición. Al margen de la reactivación de los expedientes acumulados en el Ayuntamiento, Crespo también exigió a Barrientos que explique en el Pleno otros asuntos urbanísticos relacionados con una denuncia presentada por varias asociaciones de vecinos.

El Ayuntamiento de Mijas consigue suelo para la construcción de 1.760 VPO (Málaga Hoy)

El Ayuntamiento de Mijas apuesta por la creación de Viviendas de Protección Oficial (VPO) para paliar la acuciante recesión del sector de la construcción en la localidad. El alcalde mijeño, Antonio Sánchez (PSOE), anunció que el Ayuntamiento impulsará 1.760 viviendas públicas, para lo que ya obtuvo el suelo necesario, a través de la firma de varios convenios urbanísticos, tres de los cuales se aprobaron ayer en el Pleno por unanimidad.
Los acuerdos se alcanzaron con los propietarios de 19 sectores, repartidos por todo el término, si bien la mayoría se concentra en Las Lagunas, Entrerríos y la Cala. En la actualidad ya se ha escriturado a nombre del Consistorio suelo para construir 1.340 VPO, de las que también se podrán beneficiar los vecinos de Mijas Pueblo.
El regidor municipal explicó que "estos convenios permitirán que Mijas siga creciendo ordenadamente, evitando el bloqueo de un sector económico tan importante como el de la construcción, que da trabajo a muchos vecinos".
Por otro lado, Sánchez indicó que los promotores deberán abonar 19,95 euros por metro cuadrado de techo edificable, y hacerse cargo de las infraestructuras de cada sector. Desde los viales, agua, saneamiento y evacuación de pluviales hasta redes eléctricas, tanto dentro de sus promociones como en las conexiones hacia el exterior.

Empiezan a desmantelar los bidones de butano situados en Sacaba (Málaga Hoy)

La imagen no era muy agradable, sobre todo, para los malagueños que decidían descansar en la playa de Sacaba Beach. Ahora, una parte va a cambiar. Los históricos bidones blancos de butano están empezando a ser desmantelados por los técnicos de Repsol por motivos de seguridad, ya que se encuentran en un pésimo estado de conservación. Se pone así fin a cuarenta años de historia en la capital malagueña, pues esta playa era conocida popularmente como la del Butano.
Pese a los esfuerzos de Repsol, las pintadas, los hierros oxidados y la suciedad y malos olores que supone estar junto a la desembocadura del río Guadalhorce hacen que esta playa no esté en su mejor momento, tal y como se puede apreciar en la imagen tomada en la mañana de ayer.

Críticas a Costas por retirar los chiringuitos de las playas (Málaga Hoy)

Los propietarios de los chiringuitos de playa en Andalucía ya están más que hartos de recibir críticas por parte de la Administración central y de las exigencias normativas que les impone. La Federación Andaluza de Empresarios de Playas asegura en un informe hecho público ayer que "el mayor enemigo de la supervivencia del sector reside en la obstinada resistencia del Ministerio de Medio Ambiente y de su Dirección General de Costas a establecer criterios razonables que permitan el mantenimiento de la actividad. La machacona reiteración en todo tipo de medios de comunicación de los responsables de las distintas demarcaciones provinciales de Costas del amenazador discurso de "hay que quitar los chiringuitos de la arena" pesa como una losa sobre el ánimo y la iniciativa de los empresarios".
Más claro, el agua. Los empresarios afirman que la regulación legal del sector incluye "exigencias que entran en contradicción con la precaria situación de muchas instalaciones" y afirman que, "de llevarse a cabo los planteamientos ministeriales, causaría la desaparición del sector de playas que genera un empleo directo superior a los 15.000 puestos de trabajo en Andalucía".
Los empresarios aseguran que un chiringuito ocupa una superficie de 150 metros cuadrados "sobre una playa de 12.000 metros cuadrados" y destacan que su objetivo es trabajar durante todo el año, favoreciendo así terminar con la estacionalidad.
En el informe, los empresarios también afirman que apuestan por la calidad de las instalaciones y que no desean "que nuestros esfuerzos se dilapiden en competir con mercados de baja calidad como el turco o el tunecino, sino que deseamos equipararnos con el segmento empresarial de nuestro entorno económico, cultural y territorial: Mónaco, Costa Azul o Italia".

Primer enfrentamiento de Marbella con la Junta por un plan urbanístico (Mälaga Hoy)

Un ambicioso proyecto de la Junta de Andalucía para San Pedro Alcántara enfrentado a más de 300 propietarios con intereses agrícolas. De este modo podría resumirse el conflicto que mantienen los diseminados de las zonas conocidas como El Potril y El Salto del Agua con la Consejería de Obras Públicas y que ha obligado al Ayuntamiento de Marbella a mediar en el asunto. Ayer, la alcaldesa, Ángeles Muñoz (PP), se reunió con la Plataforma de Afectados por el Plan Guadaiza y se comprometió a presentar en los próximos meses las alegaciones pertinentes para que no se expropie a los titulares de los terrenos.
Muñoz señaló que las infraestructuras y equipamientos públicos que contempla el documento de Obras Públicas pueden llevarse a cabo en esta reserva de 197 hectáreas sin que se tengan que utilizar las parcelas de los diseminados. La dirigente popular argumentó que los técnicos municipales han realizado un estudio técnico que informa de que es "viable" la ejecución del Plan de Guadaiza dejando fuera El Potril y El Salto del Agua porque "no podemos permitir que los derechos legítimamente adquiridos por estas personas se vean gravemente afectados por el desarrollo del documento".
Este proyecto recogido en el Plan de Ordenación Territorial (POT) de la Costa del Sol occidental y en el avance del Plan General de Ordenación Urbana (PGOU), contempla una universidad, un parque fluvial de 34,9 hectáreas, un recinto ferial de 7,5 hectáreas, un centro tecnológico que ocuparía otras 13 hectáreas, otro logístico, el intercambiador de San Pedro, equipamiento deportivo y escolar, y viviendas sociales, según informó hace unos días el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano.
La presidenta de la Plataforma de Afectados, María del Carmen Blanco, comentó que los más de 300 propietarios también presentarán alegaciones cuando la Empresa Pública de Suelo de Andalucía (EPSA), organismo dependiente de Obras Públicas, concluya el Plan Especial de Guadaiza y lo exponga al público. Blanco hizo hincapié en que ninguno de los diseminados adquirió sus tierras para "especular", tal y como demuestra la cantidad de explotaciones agrícolas con asalariados que existen en la zona, las naves de pequeñas empresas o los dos viveros que tienen contratados a más de 40 trabajadores. Recordó también que algunos campos están ocupados desde hace cinco generaciones, por lo que se remontan a los tiempos en los que San Pedro era una colonia agrícola.
La preocupación de estos vecinos es tal que han decidido contratar los servicios jurídicos de expertos para que los asesoren durante el periodo de alegaciones.
Otro de los miembros del colectivo, Antonio Ortiz, reconoció que algunas de las propiedades que se han levantado en estos terrenos están fuera de la Ley porque el PGOU de 1986 no permitía construir en esta zona rústica, aunque aseguró que durante la era GIL intentaron sin éxito regularizarlas. Ortiz criticó a la Consejería de Obras Públicas porque aún no se han reunido con los afectados para informarles de lo que va a suceder en este suelo, que es "la joya de la corona" del núcleo de población sampedreño.
Ante el panorama que se avecina, la edil de Urbanismo, Alba Echeverría, se muestra optimista y convencida de que la Administración autonómica atenderá las sugerencias de los diseminados.
El proyecto de Guadaiza también contempla la expropiación forzosa de la parcela La Caridad del ex asesor de Urbanismo, Juan Antonio Roca, cuya extensión supera las cinco hectáreas