Urbanismo acaba de terminar un estudio de detalle que se aprobará en un pleno próximo. El documento técnico cuantifica en 60 millones de euros el desfase de estas zonas industriales y destaca como actuación clave el reasfaltado de la carretera Azucarera-Intelhorce.
Los 27 polígonos de Málaga capital necesitan de una inversión de casi 60 millones de euros para actualizar sus infraestructuras, según un estudio realizado por el Ayuntamiento y que servirá de base para solicitar financiación a la Unión Europea (UE) con idea de ejecutar estos proyectos.El concejal de Polígonos, Manuel Marmolejo, explicó que el estudio realizado por la Gerencia Municipal de Urbanismo incluye actuaciones en prácticamente todas las zonas industriales de la ciudad, con obras para la mejora de los viales, pavimentación de calles y saneamiento, principalmente.Este estudio, que se llevará para su aprobación a la junta de gobierno local en las próximas semanas, se presentará a la Junta de Andalucía para que incluya las obras allí contenidas en las líneas de financiación europea que gestiona la Administración autonómica. Ya hubo un intento similar en el año 2002, que finalmente no fue aceptado por la Junta y que aspiraba a modernizar los castigados polígonos de la ciudad.El listado de obras a realizar incluye, como actuación más importante, el arreglo de la carretera Azucarera-Intelhorce, que se encuentra en un pésimo estado de conservación y con numerosos baches. Esta obra está presupuestada en 15 millones de euros, lo que la sitúa como la de mayor cuantía a realizar en los polígonos de la capital. La ejecución de este proyecto permitirá mejorar uno de los principales viales de paso del polígono Guadalhorce y que conecta la antigua N-340 con todas las zonas industriales del entorno de la antigua textil de Intelhorce.Manuel Marmolejo mostró su confianza en que la Junta de Andalucía acepte incluir estas actuaciones entre los beneficiados por fondos de la UE "como ya hizo en Sevilla hace unos años". La inclusión de estos 60 millones de euros en los programas de ayuda europeos permitirá asegurar una parte importante de estas inversiones, ya que las subvenciones podrán alcanzar hasta el 70% del total. El resto, al menos el 30%, será asumido por el Consistorio y los empresarios a partes iguales.Actuaciones. El estudio sobre las necesidades de los polígonos incluye obras como la ampliación del actual puente sobre el arroyo de las Cañas y que conecta el polígono de Santa Bárbara y el de Guadalhorce.Además, hay una relación de calles que hay que pavimentar en polígonos como Santa Bárbara, San Alberto, Azucarera, Huertecilla, El Viso, las calles interiores del Guadalhorce, San Luis, San Rafael, Estrella, Huerta del Correo, Valdició, Santa Teresa y Villarosa.El saneamiento de las zonas industriales es otra de las grandes carencias que se quieren subsanar con estas inversiones, algo que ya se está viendo con Emasa para ver las mejores soluciones. La situación del polígono Guadalhorce es especialmente delicada en este aspecto, ya que la cercanía con el río hace necesaria una mejora en este aspecto.Guarderías. La Gerencia Municipal de Urbanismo ha ofrecido al área de Polígonos cuatro solares para la construcción de guarderías que atiendan las necesidades de los trabajadores de estas zonas industriales.Los terrenos, que rondarían entre los 1.500 y los 2.200 metros cuadrados, se encuentran en los polígonos San Luis, Santa Cruz, Huerta del Correo y Guadalhorce. El concejal de Polígonos subrayó que en el plazo de un año se quiere sacar a concurso, en colaboración con el área de Bienestar Social, la construcción y concesión de estas guarderías a un privado para su explotación. Cada una de ellas tendrían una capacidad entre 100 y 150 niños y seguirían un modelo que ya se ha probado en el Parque Tecnológico de Andalucía (PTA) con buen resultado.
viernes, 6 de julio de 2007
La Junta requiere al Ayuntamiento que revise las licencias de 13.000 viviendas (SUR)
El equipo de gobierno municipal analizará caso por caso antes de tomar una decisión definitiva Según la edil de Urbanismo, la mayoría de los inmuebles encontrará amparo en el nuevo PGOU
Los deberes quedaron hechos. Antes de devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, la Oficina de Planeamiento Urbanístico remitió a la institución municipal una relación de 452 licencias ilegales para que se procediera a su revisión. La lista, que afecta a más de 13.000 viviendas, fue enviada al Ayuntamiento el pasado 8 de junio, una semana antes del pleno de constitución de la nueva corporación y cuando todavía la comisión gestora estaba al frente del Ayuntamiento, pero deberá ser el nuevo equipo de gobierno qué hace con ella.No se trata de un tema menor. La mayor parte de las licencias en su día concedidas de manera ilegal corresponden a viviendas unifamiliares, aunque también figuran bloques , fases enteras de urbanizaciones, cinco hoteles, un aparthotel, siete centros comerciales, tres edificios comerciales, dos inmuebles con locales, una nave industrial y una residencia de ancianos.La existencia de estas licencias, la mayor parte concedidas por los gobiernos del GIL entre 1996 y 2000 -aunque existen también algunas más antiguas-, fue detectada por los servicios técnicos de la Oficina de Planeamiento Urbanístico, que remitió la lista la comisión gestora para que procediera a su revisión. En la comunicación, el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, advierte de que las licencias «habilitan de una manera manifiesta una infracción grave o muy grave», por lo que pide que se proceda a su revisión inmediata. El cambio de ciclo municipal paralizó el proceso, y es ahora el equipo de gobierno municipal el que debe decidir qué hacer.En ese sentido,la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, indicó ayer a este periódico que los servicios jurídicos de ese departamento analizan caso por caso, y que algunas de los procedimientos de revisión ya fueron iniciados por la comisión gestora.No obstante, avanzó que no es partidaria de que se revisen aquellas licencias que podrán regularizarse una vez que se apruebe el PGOU, por lo que lo prioritario para su departamento es estudiar ese documento antes de abrir el proceso para anular permisos.«Es un contrasentido que la Junta nos pida que revisemos licencias, con toda la alarma social que ello genera, cuando el Plan General que la propia Junta ha redactado contempla su posible legalización», afirmó.
Los deberes quedaron hechos. Antes de devolver las competencias urbanísticas al Ayuntamiento, la Oficina de Planeamiento Urbanístico remitió a la institución municipal una relación de 452 licencias ilegales para que se procediera a su revisión. La lista, que afecta a más de 13.000 viviendas, fue enviada al Ayuntamiento el pasado 8 de junio, una semana antes del pleno de constitución de la nueva corporación y cuando todavía la comisión gestora estaba al frente del Ayuntamiento, pero deberá ser el nuevo equipo de gobierno qué hace con ella.No se trata de un tema menor. La mayor parte de las licencias en su día concedidas de manera ilegal corresponden a viviendas unifamiliares, aunque también figuran bloques , fases enteras de urbanizaciones, cinco hoteles, un aparthotel, siete centros comerciales, tres edificios comerciales, dos inmuebles con locales, una nave industrial y una residencia de ancianos.La existencia de estas licencias, la mayor parte concedidas por los gobiernos del GIL entre 1996 y 2000 -aunque existen también algunas más antiguas-, fue detectada por los servicios técnicos de la Oficina de Planeamiento Urbanístico, que remitió la lista la comisión gestora para que procediera a su revisión. En la comunicación, el director de la Oficina de Planeamiento, José María Ruiz Povedano, advierte de que las licencias «habilitan de una manera manifiesta una infracción grave o muy grave», por lo que pide que se proceda a su revisión inmediata. El cambio de ciclo municipal paralizó el proceso, y es ahora el equipo de gobierno municipal el que debe decidir qué hacer.En ese sentido,la concejala de Urbanismo, Alba Echeverría, indicó ayer a este periódico que los servicios jurídicos de ese departamento analizan caso por caso, y que algunas de los procedimientos de revisión ya fueron iniciados por la comisión gestora.No obstante, avanzó que no es partidaria de que se revisen aquellas licencias que podrán regularizarse una vez que se apruebe el PGOU, por lo que lo prioritario para su departamento es estudiar ese documento antes de abrir el proceso para anular permisos.«Es un contrasentido que la Junta nos pida que revisemos licencias, con toda la alarma social que ello genera, cuando el Plan General que la propia Junta ha redactado contempla su posible legalización», afirmó.
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